LUCENA: Vecinos de El Zarpazo muestran su malestar por la ubicación del centro de acogida de menores extranjeros no acompañados
Según José Cantizani, concejal de Urbanismo, los vecinos han expresado su malestar por la "sensación de inseguridad" que aseguran se ha producido en esta zona del municipio desde la entrada en funcionamiento del centro de acogida.
El alcalde de Lucena, Juan Pérez, acompañado por el concejal de Urbanismo, José Cantizani, y el de Seguridad Ciudadana, Fran Adame, se reunió el pasado viernes en el salón de plenos municipal con una veintena de vecinos de la zona de El Zarpazo que expresaron al regidor lucentino su malestar por la "sensación de inseguridad" que aseguran se ha producido en esta zona del municipio desde la entrada en funcionamiento del centro de acogida de menores extranjeros no acompañados (Mena) que la Consejería de Igualdad y Bienestar Social ha abierto en una casa de campo situada en las inmediaciones de esta zona del municipio.
Según ha explicado el concejal de Urbanismo, los vecinos se han quejado de la falta de información previa sobre la ubicación del centro en el que ya residen casi cuarenta menores y una hipotética falta de vigilancia del mismo, dado que solo dos monitores por turno trabajan con los menores, que durante buena parte del día deambulan por la zona, dado el carácter abierto de la instalación.
Además los vecinos han pedido una mejora de la iluminación en todo el ámbito de este plan parcial y más vigilancia policial. "Aseguran que se sienten un tanto intimidados porque en algunas ocasiones estos chicos han pedido dinero a algún vecino en la calle o en sus viviendas, aunque hasta la fecha no hemos recibido noticia de que se haya producido ningún tipo de incidente o situación de riesgo", ha reseñado Cantizani al respecto, recordando que el centro esta gestionado por la fundación SAMU, que cuenta con una dilatada experiencia en la atención de menores, tanto en Unidades de Acogida Temporal de emergencia como en centros residenciales permanentes o de orientación e inserción socio-laboral.
El concejal socialista ha recordado que las competencias sobre la creación de este tipo de centros corresponde exclusivamente a la Junta de Andalucía sin que el ayuntamiento intervenga en modo alguno en la toma de decisiones. Cantizani indicó que el alcalde se ha comprometido con los vecinos a propiciar una reunión de los representantes vecinales con los responsables del centro para que puedan conocer más de cerca la labor que se desarrolla en el mismo y disipar temores.
EL CENTRO
Como ya informó este periódico, este centro de acogida de menores extranjeros con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años y que han llegado a nuestro país de forma irregular, sin acompañamiento de sus padres o familiares, quedando bajo la tutela del Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía, solo realiza acogidas temporales, una vez que los menores han sido debidamente identificados y entre tanto deciden donde fijan su residencia definitivamente. Se trata de un centro en régimen abierto, del que los menores pueden entrar y salir en cualquier momento, ya que el mismo no reviste un carácter correccional. Los menores de edad que residen en el mismo no se encuentran recluidos ni han cometido ningún tipo de delito, tratándose de un mero recurso de protección al menor.
La llegada masiva de inmigrantes en pateras a las costas andaluzas en los últimos años ha multiplicado la necesidad de contar con infraestructuras como la recién creada en Lucena. La Fundación SAMU acoge actualmente a unos 600 menores que han llegado de forma clandestina a España sin la compañía de un adulto, que se distribuyen entre los 16 centros diferentes que dispone la organización, por un lado, las llamadas Unidades de Acogida Temporal de Emergencia (UATE) o centros de Atención Inmediata, y, por otro, los centros de Atención Residencial Básica (ARB). La mayoría de estos chicos proceden de Marruecos, aunque también los hay de Guinea, Senegal, Mali y Costa de Marfil.
En los siete primeros meses de 2018, unos 3.200 menas llegaron a Andalucía a través de sus costas, mil de ellos sólo en julio, frente a los 2.855 que lo hicieron en todo el año pasado, según datos del Gobierno andaluz.