En torno a 16.150 viviendas irregulares de la Subbética y la Campiña cordobesa serán regularizadas por la Junta
El viceconsejero de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta, Jaime Raynaud, ha participado en Córdoba en una reunión informativa con alcaldes, técnicos municipales y representantes de distintos municipios de la provincia para explicar el Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares.
Así, en su intervención, el viceconsejero ha puesto de manifiesto que "en Córdoba hablamos de unas 47.200 viviendas afectadas, por lo que estamos empezando a dar solución a un problema de enorme calado social y desde el punto de vista jurídico". De ellas, se calcula que 16.150 corresponden a la Campiña y Subbética; 11.900 a la zona de Guadiato-Pedroches, 5.654 en la Vega del Guadalquivir; 2.562 a la zona de Montoro y 11.017 a las denominadas comunicaciones registrales.
Jaime Raynaud ha recalcado que el decreto ley quiere dar una "respuesta definitiva" a la problemática de las viviendas irregulares, aunque "no se trata de ninguna amnistía". En ese sentido, ha recordado que no se pueden acoger al decreto las viviendas donde no haya prescrito el expediente o que ocupen suelos protegidos. El decreto ley tiene entre sus objetivos poner fin a la complejidad urbanística y se vuelca en la protección ambiental y la simplificación de los trámites.
Por su parte, el delegado de la Junta en Córdoba, Antonio Repullo, ha destacado el "trabajo conjunto que se va a desempeñar entre los 77 municipios de la provincia, presentes en esta reunión informativa junto a los técnicos del Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación de Córdoba, para poner una solución tanto para las generaciones actuales como para las futuras pues se trata de garantizar la prestación y calidad de servicios a quienes hasta ahora les ha sido denegado".
El decreto amplía la declaración de AFO y permitirá a los propietarios, tras realizar los trámites correspondientes, acceder al Registro de la Propiedad, servicios básicos como la luz, el agua y el alcantarillado, así como realizar otras obras de reparaciones. Se establecen dos excepciones claras: el que la vivienda esté en plazo para restablecer la legalidad (seis años desde su construcción) o con sentencia, o aquellas que se asienten sobre suelo de especial protección. Los municipios podrán formular, de forma inmediata, un plan especial para la agrupación de viviendas concretas que, se prevé, se pueda resolver en un plazo de entre 12 y 18 meses, frente a los nueve años de media que llevaba hasta ahora la aprobación de un Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU). Los ayuntamientos deberán, asimismo, prever una serie de servicios mínimos como equipamientos públicos o zonas verdes si pretenden incorporar un asentamiento como urbano o urbanizable.