El concejal del PP en el Ayuntamiento de Cabra Juan Ramón Pérez Valenzuela ha denunciado este miércoles ante la Policía Nacional que un vecino le ha agredido esta mañana cuando se dirigía al consistorio egabrense, supuestamente por motivos de una expropiación urbanística.
La Policía ha abierto una investigación y por el momento no hay detenidos, pero el presunto agresor ha sido plenamente identificado por el edil agredido en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Cabra.
En declaraciones a los periodistas, acompañado por el alcalde, el popular Fernando Priego, el edil delegado de Infraestructuras y Servicios ha detallado que primero recibió unos "escupitajos" del agresor en el rostro, y más tarde fue agredido, sufriendo "arañazos en los brazos y el torso" y un fuerte golpe en el oído izquierdo y en la cara. Unos hechos por los que ha tenido que ser atendido en el centro de salud del municipio y testigos de los mismos ya han declarado ante la Policía, según ha apuntado Pérez.
Al respecto, ha explicado que "nunca" ha hablado con el presunto agresor, pero ante la Policía lo ha identificado "claramente". Según el concejal, se trata de una persona relacionada con la familia con la que el Ayuntamiento lleva un proceso administrativo de expropiación de una nave.
Tras este suceso, "para nada va a conseguir que me asuste, vaya coartado o cambie mis criterios", ha subrayado el delegado de Infraestructuras, quien ha remarcado que "estas cosas hacen que uno vaya con la cabeza más alta y orgulloso al tener la conciencia tranquila, libre y que todo se hace en pro de la ciudad".
No obstante, espera que "tras la denuncia todo el peso de la ley caiga sobre esta persona que habrá tenido un mal día o fue premeditado y ha hecho este atentado", al tiempo que ha resaltado que "la ciudadanía tiene que saber lo que ocurre, porque cuando se crea el clima contra la clase política y las decisiones que se toman en el Ayuntamiento, hay personas que llegan a confundir lo personal con lo político".
EXPROPIACIÓN "LEGAL"
Mientras, el alcalde ha declarado que "no se pueden poner en tela de juicio los informes técnicos de tres administraciones diferentes, ni crear un clima de crispación que da como resultado que alguien agrede a un representante público que lo único que hace todas las mañanas desde hace seis años es levantarse para trabajar por su pueblo".
Al hilo de ello, ha lamentado que el concejal ha sufrido "un atentado en plena vía pública por una persona que si no está de acuerdo, está en su derecho de irse a los tribunales, por una actuación administrativa del Ayuntamiento con la expropiación de una nave de la Avenida Andalucía".
Según ha aclarado Priego, "esa expropiación está amparada estrictamente en la legalidad y quien pone en tela de juicio la legalidad crea el clima de crispación que al final lleva a una agresión tan lamentable como la sufrida por Juan Ramón", con el que "se verá en los tribunales", ha agregado, para adelantar que el Ayuntamiento se va a personar como acusación particular "ante un delito grave como es un atentado a un concejal".
La nave objeto de esta polémica, en la Avda. de Andalucía de Cabra
El pasado 4 de abril, la Comisión Provincial de Valoración, dependiente de la Junta de Andalucía, acordó por unanimidad la fijación del justiprecio para la expropiación de la parcela situada en la Avenida de Andalucía nº 5, conocida como “Antigua Nave Galisteo”, en la cantidad de 205.009,07€.
Sobre estos suelos, el ayuntamiento de Cabra pretende construir la denominada 'A10', una nueva vía contemplada en el Plan General de Ordenación Urbana que unirá el Centro de Salud con la Estación de Autobuses y que permitirá la fluidez del tráfico rodado en la zona conformada por las avenidas Federico García Lorca, Constitución, Andalucía, Pedro Iglesias y Plaza de la Diputación.
El justiprecio propuesto por la Comisión Provincial de Valoraciones dista poco del aprobado en pleno extraordinario por el ayuntamiento en enero de 2016, 201.310,03€, cifra que fue fijada por técnicos de la Diputación Provincial de acuerdo a una encomienda de gestión. Al no coincidir dicha valoración con la realizada por el expropiado, que solicitaba en su hoja de aprecio al ayuntamiento la cantidad de 425.304,65€, ha sido la Comisión Provincial de Valoraciones, tal y como señala la ley, quien ha determinado el justo precio del solar, desestimando por unanimidad todas las alegaciones presentadas por la parte expropiada.
