Piden

El alcalde acusa a la oposición de actuar de forma coordinada para poner sembrar dudas sobre la honestidad del equipo de gobierno y asegura que el auto judicial es rotundo al negar cualquier tipo de irregularidad, mientras que María del Mar Morales se reserva el derecho de emprender acciones legales "por calumnias".

"Aquí los que mandamos somos nosotros", manifestaron los procesados, quienes también amenazaron de muerte a la mujer y su padre si los denunciaban, según el Ministerio Público.

Según recoge la calificación de Ministerio Público, los procesados permitieron que sus hijos no asistiesen a las clases en el colegio en el que estaban matriculados en Priego. Uno de los niños llegó a ausentarse de las clases en 82 ocasiones.

Le retuvieron en la vivienda mientras uno de ellos intentaba sacar dinero en un cajero con su tarjeta de crédito. Al no poder hacerlo le obligaron a abrir su propio domicilio, en el que se hicieron con distintos objetos de valor.

Los firmantes se oponen a la edificación en lo que queda de la Huerta del Carmen de la nueva sede judicial de la ciudad, como es intención de la Consejería de Justicia y el consistorio lucentino, propósito que, de consumarse, supondría para los precursores de esta iniciativa "un atentado contra el patrimonio local".

Los vecinos consideran que "con esta medida los 18 niños que viven en la calle evitarían el riesgo que supone que el agua potable circule por dichas tuberías" y mantienen que "la actual legislación exige la retirada y sustitución de toda tubería de amianto, cuando se descubre".

El accidentado sufrió una fractura en el brazo y heridas en la mano derecha, cuya funcionalidad la ha perdido, pese a lo cual ha renunciado a este procedimiento, después de haber sido indemnizado por la compañía aseguradora, aunque el Ministerio Público ha mantenido la acusación por "omisión de las medidas de seguridad exigibles"

CCOO Córdoba critica la eliminación de los aparcamientos gratuitos en los alrededores del centro sanitario egabrense, lo que obliga a los profesionales que acuden a diario al hospital a pagar un parking privado.

El caso conmocionó a la sociedad lucentina y española en enero de 2015