Los presidentes de las audiencias provinciales de España han presentado este viernes las conclusiones de sus XVIII jornadas, que durante tres días han reunido en Córdoba a 42 máximos representantes de los tribunales, y han defendido su apuesta por la implantación de protocolos de actuación uniforme en cada provincia, "superando la estructura de partidos judiciales", contra la violencia de género.
Así lo han destacado este viernes en una rueda de prensa la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carmen Llombart, directora de las jornadas, y el presidente de la Audiencia de Córdoba, Francisco Sánchez Zamorano, quien ha dicho que el resultado de las conclusiones de los últimos años "no es todo lo satisfactorio que se desearía en cuanto a que se hayan recogido buena parte de las conclusiones".
De hecho, el magistrado ha manifestado que "la incorporación de las conclusiones a nivel legislativo y reglamentario ha sido escasa e irrelevante", mientras que "las que han obtenido una implantación práctica lo han sido por cuestiones bien lejanas a los propósitos que movieron a pedir su adopción".
En relación con las actuales aprobadas este año, sobre las comisiones provinciales de coordinación en violencia sobre la mujer, se ha acordado que los presidentes de Audiencia deben "impulsar y coordinar" las medidas que contiene el Pacto de Estado a tal efecto.
Dichas medidas hacen referencia a "la necesidad de garantizar la especialización de los Juzgados de lo Penal, la necesidad de aplicación de la Jurisdicción de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a dos o más partidos judiciales cuando mejore la atención, así como los medios con los que se cuenta".
Además, destacan que "los procedimientos de modificación de medidas por modificación de circunstancias sean tramitados por el juez o jueza inicialmente competente y sean enjuiciados todos los procesos relativos a la misma víctima de violencia de género por el mismo órgano".
De igual modo, se plantea que las unidades de Policía, juzgados especializados, Fiscalía, los institutos de Medicina Legal y la oficina de Ayuda a la Víctima del Delito deben "actuar de forma conjunta y tener los protocolos de actuación uniforme en toda la provincia, superando la estructura de partidos judiciales", para que la respuesta en este caso sea "más contundente y eficaz", ha subrayado el magistrado cordobés.
Especialidad y reparto
Por otra parte, se considera "necesario abordar la cuestión de la especialidad civil y penal, que en todo caso deba reconocer la experiencia como criterio de acceso a la misma".
Ante ello, se insta al CGPJ para que implante un doble sistema de reconocimiento de la condición de especialista civil y penal: un concurso-oposición con exigencia de un mínimo de años de ejercicio profesional, y un concurso de méritos, sin pruebas específicas, para quienes acrediten una experiencia profesional superior.
En cuanto a las clases de reparto, los presidentes de Audiencia se comprometen a prestar toda la colaboración que sea precisa para el establecimiento de unas mismas "clases de registro" en todas las audiencias de España, para "hacer posible la interoperabilidad de las distintas aplicaciones informáticas".
Asimismo, consideran "recomendable que las normas de reparto de las distintas audiencias establezcan unas mismas clases de asuntos de especial complejidad".
Mercantil
En otro punto, han aprobado que la competencia para conocer de la acción declarativa ejercitada por una entidad financiera frente a un consumidor en reclamación de cuotas hipotecarias corresponde al Juzgado de Primera Instancia que sea territorialmente competente y no al Juzgado de Primera Instancia especializado en condiciones generales.
Igualmente, la competencia se extiende a las pretensiones de nulidad que pueda plantear el demandado, vía excepción o mediante una demanda reconvencional, por el carácter abusivo de alguna cláusula.
Corresponde a la Sección de la Audiencia Provincial especializada en Mercantil la competencia para conocer de los recursos de apelación frente a las sentencias dictadas por los juzgados especializados, en virtud de acuerdo del CGPJ para conocer de la materia relativa a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias, cuyo prestatario sea una persona física.
Sobre la organización de los refuerzos, se ha expuesto que resulta "de urgente necesidad introducir reformas que eviten la judicialización mantenida de esta clase de asuntos, a través de métodos alternativos de resolución de conflictos y soluciones procesales de otra naturaleza".
No en vano, han defendido que la proliferación de recursos de apelación relativos a condiciones generales de la contratación incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias, cuyo prestatario sea persona física, obliga a aprobar por el CGPJ "un plan urgente de refuerzo en las secciones civiles afectadas de las audiencias provinciales". El plan conllevará, en cualquier caso, la adscripción de los jueces necesarios bajo la modalidad orgánica que se estime adecuada.
Plazos de instrucción y unificación de criterios
En relación a la problemática en plazos de instrucción y unificación de criterios, se ha concluido que "la complejidad puede realizarse desde la incoación de la causa o con posterioridad y siempre a instancia del Ministerio Fiscal con audiencia de las partes personadas --careciendo pues, el instructor de la facultad de hacerlo de manera unilateral o de oficio--".
La declaración de complejidad sobrevenida vendrá determinada por circunstancias tendentes a la conclusión de la instrucción o por cualquiera de las circunstancias tasadas por el legislador. Por lo tanto, se excluye que "la complejidad sobrevenida derive exclusivamente de los supuestos, que se entenderían entonces tasados, previstos en el listado del legislador --apartados a) hasta g) ambos inclusive, del apartado 2 del artículo 324--".
Y en la fijación del plazo máximo, "el apartado cuarto del artículo 324 establece una tercera posibilidad; un plazo máximo para finalizar la instrucción aplicable tanto a las causas ordinarias (art. 324.1) como a las declaradas complejas (art. 324.2), cuya duración máxima no aparece predeterminada legalmente, y para la práctica de diligencias concretas y razonadas por parte de los solicitantes"; pero será "un plazo cerrado y fijado de una vez", de manera que "no puede ser prorrogado".
En este sentido, han apuntado que las diligencias solicitadas y acordadas fuera de los plazos "carecen de validez por haber transcurrido los plazos legales".
La Huelga
En otro orden de cosas, preguntada por el apoyo de los jueces y fiscales a una posible convocatoria de huelga en mayo por la no atención de sus demandas, la vocal del CGPJ ha señalado que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha explicado que "se mantiene la mesa de negociaciones y es optimista en cuanto a la solución de los problemas".
No obstante, Llombart ha aseverado que "en este momento nadie se puede pronunciar, porque dependerá del resultado de las negociaciones", al tiempo que ha remarcado que "sí hay unas reivindicaciones y las asociaciones judiciales intentan resolver las mismas y llegar a acuerdos".
