La Audiencia Provincial de Madrid juzgará el próximo lunes a los nueve miembros de una red que explotaba sexualmente a mujeres que introducían en España desde Nigeria para prostituirlas, incluida una menor, para los que la Fiscalía pide penas de entre dos y 46 años de prisión.
Según la Fiscalía los integrantes de la banda captaban a las mujeres en Nigeria con el falso pretexto de ofrecerles un trabajo de empleada de hogar o de cuidadora para una vez en España obligarlas a ejercer la prostitución.
Relata que de esta forma el acusado que se enfrenta a la mayor pena, 46 años de prisión, Osaro J.B., contactó en 2009 a través de uno de sus colaboradores con una de las víctimas, la testigo protegida número 25 en esta causa, que buscaba la forma de salir de la precaria situación económica en la que convivía con sus padres y nueve hermanos.
Añade que el acusado le ofreció ayuda para que fuera a España a estudiar y poder trabajar mientras tanto de azafata o de camarera.
El fiscal agrega que antes de llegar a España la mujer entregó su pasaporte al acusado y una vez en Madrid fue trasladada a un domicilio de la calle de Pavones, donde se encontraba la pareja del anterior acusado, Amenze V.O., para quien el fiscal reclama 43 años de prisión, junto con otras jóvenes en la misma situación.
En el domicilio fue informada por Amenze de las condiciones reales de su estancia, le retiraron el pasaporte, el teléfono y la agenda y le prohibieron contactar con su familia salvo que fuera en presencia de aquella y con el manos libres activado.
Tras ser golpeada le hicieron creer a raíz de un ritual de vudú que si no cumplía con sus exigencias podría morir ella o alguien de su familia.
A continuación le informaron de que había contraído una deuda de 50.000 euros por sus gastos de desplazamiento a España y que para saldarla tenía que trabajar ejerciendo la prostitución.
El fiscal explica que otro acusado, Kingsley O., para quien pide 37 años de prisión, instruyó a la víctima sobre el relato que tenía que contar en la oficina de asilo para conseguir la correspondiente tarjeta y regularizar así su situación.
Ya con la tarjeta de asilo Amenze viajó con ella a Lucena para que ejerciera la prostitución en un club, donde la víctima se vio obligada a trabajar todos los días desde las cinco de la tarde hasta pasadas las doce de la noche y además tenía que pagar al local una cantidad diaria de dinero en concepto de estancia y mil euros semanales a Osaro.
Durante dos años la víctima se vio obligada a prostituirse alternando con otro club en La Carlota, llegando a saldar con creces la supuesta deuda de 50.000 euros.
Indica que en la causa hay otras tres testigos protegidas cuyos casos son similares, entre ellas una menor.
Todas ellas prestaron servicios sexuales a cambio de dinero en el club de Lucena, de J.M.M.B., con quien colaboraban de forma directa Ángel S.A., Antonio C.T. y José Antonio R.L., para todos los cuales el fiscal reclama dos años de prisión por delitos de explotación lucrativa de la prostitución.
Las otras personas que se sentarán en el banquillo de los acusados son Friday E., encargado de llevar en coche a las víctimas al club donde eran obligadas a prostituirse y de abrir cuentas bancarias para recibir los ingresos de sus víctimas, y Kate J.O., que atemorizaba a las víctimas con represalias hacia sus familias si no cumplían las órdenes dadas.
La Fiscalía pide para ellos 37 y 11 años de prisión, respectivamente.
