El pleno municipal aprobó ayer con los votos de PSOE e IU que los gastos de representación y defensa en procesos judiciales penales contra los miembros de la Corporación sean indemnizables por el Ayuntamiento como gastos inherentes al ejercicio del cargo público, siempre que dichos procedimientos no sean en interés propio o de intereses ajenos a la entidad local.
La propuesta, plantea que el inculpado deberá informar al Alcalde, con carácter previo, si encomienda su defensa jurídica al bufete contratado por el Ayuntamiento con caracter general o bien a un profesional libremente designado. En el primero de los casos todos los gastos se asumirán por el Ayuntamiento. En el segundo caso se dotará una provisión de fondos a favor del encausado, que deberá devolverlos si la sentencia resultara condenatoria.
Contra este acuerdo se manifestaron PP, Ciudadanos y Vox. Para los portavoces de los populares –Francis Aguilar– y Ciudadanos –Jesús López– esta decisión "duplica el gasto", toda vez que el Ayuntamiento ya paga unos 10.000 euros al año para la defensa de los intereses municipales y de los propios ediles. Aguilar señaló que "los concejales estamos cubiertos por este servicio y si decidimos salir a la calle para buscar a otro profesional debemos pagarlo nosotros". A ello añadió López que los miembros de la corporación también reciben una remuneración por su trabajo, que les permite asumir el coste de una defensa jurídica de libre elección si así lo desean, por lo que "esta propuesta no tiene sentido".
Por su parte, tanto Teresa Alonso (PSOE) como Miguel Villa (IU) mantuvieron en todo momento que la libre elección de profesional "constituye un derecho" de cada edil y no implica mayor gasto para las arcas municipales.
APLICACIÓN INMEDIATA
La propuesta será de aplicación inmediata y se adopta después de que la ex edil de Fiestas, Mar Morales, solicitase en mayo pasado que se le indemnizasen los 2.535 euros de gasto ocasionados en concepto de honorarios profesionales de procurador y abogado por las Diligencias Previas abiertas contra ella por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N.º 1 de Lucena, a instancias de Vicente Dalda por una presunta prevaricación administrativa en el caso de los contratos de la Feria del Valle de 2017 y el posterior Recurso de Apelación ante la Audiencia Provincial de Córdoba, que concluyeron con el sobreseimiento del caso y por tanto la inocencia de Morales. En este caso, Mar Morales decidió encargar su defensa a un abogado de su confianza, prescindiendo de los servicios jurídicos que ponía a su disposición el consistorio. Siguiendo el informe de la Interventora Municipal, esa indemnización ascenderá a 1062 € sobre los 2.535 solicitados, atendiendo a los baremos publicados por el Colegio de Abogados de Lucena.
La portavoz del PSOE, Teresa Alonso quiso dejar claro que la propia Jefa del Servicio de Régimen Interior ya advirtió que, caso de no ser concedida la indemnización solicitada, la interesada "podría irse al juzgado y lo ganaría", añadiendo que "si no fuese un derecho, este punto no podría venir al pleno con un informe favorable de los servicios jurídicos municipales", por lo que solo cabía manifestarse a favor del punto.
Diferente es el caso del alcalde, Juan Pérez, que optó por la defensa a través del bufete que presta servicio a la corporación en el mismo caso, y que solo pidió la indemnización por los 115 euros de honorarios profesionales de procurador, dictaminando el informe de la Interventora Municipal el pago de 64 euros.
