El Ayuntamiento de Lucena ha constituido la mesa de trabajo para evaluar la problemática de la ocupación de viviendas en la ciudad con el objetivo último de abordar las soluciones que desde el ámbito municipal puedan articularse en torno a esta problemática.
Este órgano de análisis sobre viviendas ocupadas nace con la participación de trabajadores municipales de las áreas de Servicios Sociales, Urbanismo y Policía Local, junto al alcalde, Juan Pérez, la delegada de Servicios Sociales y Salud, Carmen Gallardo, delegado de Seguridad Ciudadana, José Pedro Moreno, y los concejales Rosario Valverde, Jesús Gutiérrez, Miguel Villa y Jesús López, que queda como presidente en base al acuerdo plenario que decidió la creación de esta mesa de trabajo.
En su primera sesión se acordó la elaboración de un informe de la situación actual, que recoja el listado de viviendas ocupadas, sus particularidades y las posibles soluciones que se pueden presentar dentro del ámbito competencial del Ayuntamiento, una vez escuchadas las primeras valoraciones de los técnicos municipales.
Para Jesús López, portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, impulsor de la iniciativa, “en el interés mayoritario está el conocer la situación real de la ocupación ahora mismo en Lucena, caso por caso y pese a que la pandemia ha retrasado un poco este tema, una vez creada la mesa y encargado este informe nos pondremos a trabajar con seriedad para el beneficio de todos nuestros vecinos".
"Existen muchos tipos de ocupación –continúa el presidente de la mesa—, el problema lo tenemos cuando esta circunstancia pone en riesgo a los vecinos o edificios colindantes y como Ayuntamiento no podemos mirar para otro lado, se trata de un asunto muy delicado, pero por suerte en esta mesa contaremos con el asesoramiento de profesionales como los técnicos de Servicios Sociales o la policía".
La mesa de trabajo sobre la ocupación de viviendas fija un régimen de sesiones con, al menos, una convocatoria trimestral, si bien se deja abierta tal periodicidad ante los casos de urgencia que puedan darse en relación con esta problemática.
En febrero pasado, en el marco de la moción presentada por Ciudadanos, en la que se incluía la creación de esta mesa, el ayuntamiento de Lucena ya aprobó estudiar la imposición de multas a los bancos propietarios de viviendas ocupadas que permitan la estancia en las mismas en deficientes condiciones higiénico-sanitarias y de ornato público, como medida de presión a los bancos para que, desde su posición como propietarios, actúen y tomen las medidas legales que tienen a su alcance para evitar la ocupación.
UN FENÓMENO PREOCUPANTE
El fenómeno de la ocupación ha repuntado en Lucena de forma notable en los últimos años para llegar a convertirse en un verdadero problema para muchos ciudadanos, que ven dificultada la convivencia vecinal y se ven sometidos a una situación de permanente situación de inseguridad. En las últimas semanas efectivos policiales ha evitado al menos tres intentos de ocupación en distintas zonas de la ciudad, resultando algunos agentes lesionados en la última de ellas en la calle La Arena.
En Lucena existían a finales de 2018 unas setenta viviendas ilegalmente, según se desprendía de los datos incluidos en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Lucena, aprobado por el pleno del consistorio lucentino. No obstante esa cifra ha crecido en estos dos años. Según este plan municipal la mayor parte de estos pisos “okupas” corresponden a edificios terminados desde hace algunos años y que, como consecuencia de la crisis inmobiliaria, no encontraron salida en el mercado, pasando a manos de los bancos que financiaron a las promotoras que los construyeron. Núcleos de este tipo se pueden encontrar en las calles Pedro Izquierdo, con una promoción de 13 viviendas ocupadas, Huertas, con 11 pisos o Catalina Marín, con otros 6, todas ellas en zonas del centro urbano. El resto se distribuyen de forma desordenada por distintos puntos del casco urbano, especialmente en la zona oeste del municipio.
Los redactores del plan ya ponían de manifiesto entonces la necesidad de plantear medidas de control y hacer un seguimiento de los pisos ocupados ilegalmente “que suponen en la localidad un número importante, generando por un lado un efecto llamada y poniendo en peligro a las personas por el uso inadecuado de las instalaciones en las viviendas”.
