Más de una década llevan esperando el pago de sus terrenos la mayoría de los propietarios de los terrenos expropiados por la Junta de Andalucía para la construcción de la variante norte de Lucena en la A-331.
En el año 2007 la Junta adjudicaba la redacción del proyecto técnico de esta infraestructura. En 2008 la Junta dictó la utilidad pública de estos suelos y un año más tarde la administración socialista de la Junta de Andalucía iniciaba la firma de las actas de ocupación de estos suelos, en su mayoría fincas de olivar en producción. Fue entonces cuando comenzó una espera que se prolonga hasta hoy. “Nos reunieron y nos pagaron 200 euros como adelanto. Desde entonces no hemos visto un solo euro” comenta uno de los propietarios afectados.
Y es que aunque los trabajos fueron adjudicados en 2010 por un importe de 7,3 millones de euros, no llegaron a iniciarse como consecuencia de la crisis económica y el ajuste presupuestario, haciendo necesario que la consejería de Obras Públicas tuviese que tramitar una nueva autorización con su correspondiente proceso de información pública.
Habría que esperar hasta 2017 para que se pusiesen en marcha unas obras que han sufrido distintos retrasos y que, finalmente, entrarán en funcionamiento en el próximo mes de abril, según explicó a finales de enero la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, durante una visita a esta nueva carretera.
Entre tanto, hace unos meses una decena de propietarios decidieron denunciar el impago y reclamar a la Junta de Andalucía los intereses de demora correspondientes. La letrada lucentina María Teresa Pérez, representante legal de este grupo, señala que en algunos casos los titulares de los suelos ni siquiera han recibido todavía la notificación del justiprecio establecido por la administración.
Las cantidades que adeuda la administración andaluza a estos propietarios son muy variadas –en función de la superficie y naturaleza de los terrenos ocupados– aunque en algunos casos llegan a superar los 20.000 euros, una cantidad que la abogada lucentina considera que podría verse incrementada entre un 40 y un 50% en concepto de intereses si sale adelante esta reclamación. No obstante, algunos de los afectados ya no podrán sumarse a esta reclamación por estar fuera de plazo para ello.
No es este el único asunto que provoca la queja de los titulares de estos suelos. Y es que además de perder sus terrenos, el inicio de los movimientos de tierra supuso daños al resto de sus parcelas, sobre las que se han vertido tierras, en las que se han inutilizado algunas entradas o en las que han resultado dañados algunos olivos.
La variante de Lucena en la A-331, una cicatriz de asfalto entre olivares al norte de Lucena, es un proyecto cofinanciado con Fondos Feder y se enmarca dentro del Plan para la Mejora de la Accesibilidad, la Seguridad Vial y la Conservación en la Red de Carreteras de Andalucía (Plan Mascerca) y tiene entre sus objetivos eliminar la conflictividad del tráfico en el medio urbano, con la ejecución de variantes de población y el acondicionamiento de las travesías. Se estima que evitará el paso por el casco urbano lucentino de 3.000 vehículos diarios.
Si larga ha sido la génesis y ejecución de este proyecto, todo apunta a que más dilatado aún será el proceso para que, quienes hace diez años se vieron obligados a ceder sus terrenos, puedan recibir justa compensación económica por los mismos.
