El ayuntamiento de Lucena ha trasladado a la Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar Social un informe sobre la situación de la residencia Nueva Aurora, sita en la calle Ancha, realizado por un ingeniero y un arquitecto de la delegación municipal de Urbanismo, en el que se indica que "al margen de que la actividad implantada en el inmueble no cuenta con las debidas autorizaciones, se considera que, pese a no existir signos de ruina física inminente, el edificio no reúne las condiciones de seguridad y salubridad mínimas" para su uso como residencia de ancianos.
Además, el informe destaca que "si bien el riesgo de incendio y peligro para las personas puede estar presente en todo el inmueble, este se acrecienta cuando las instalaciones son deficientes y el edificio no reúne las condiciones mínimas de seguridad de los ocupantes frente a dicho riesgo, máxime cuando son dependientes físicos".
En opinión de los técnicos municipales se considera que el inmueble "no es apto en sus condiciones actuales para albergar el uso al que se destina, requiriendo una rehabilitación integral para adaptarse y considerando que en la actual situación se encuentran comprometidas la seguridad y alubridad de las personas alojadas en especial, las de la segunda planta , dado el mayor grado de dependencia de las mismas". Por todo ello, los técnicos entienden necesario "proceder en el menor plazo posible al realojo de los mayores en un inmueble apto para su asistencia, así como el cese de la actividad sin las debidas autorizaciones".
El concejal de Urbanismo, José Cantizani, ha indicado a este periódico, que, más allá de la redacción de este informe, no corresponde al ayuntamiento ordenar el desalojo de la citada residencia, gestionada por la Asociación Nueva Aurora, siendo este extremo competencia de la Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar Social, a la que se ha remitido el informe.
Cantizani ha explicado que los titulares de la residencia han dado todo tipo de facilidades para la realización de este informe, y ya tienen presentado ante la administración andaluza un proyecto de rehabilitación integral del edificio, con una inversión estimada en más de un millón de euros. Asimismo, el edil de Urbanismo indicó a LucenaHoy que la asociación ha planteado la posibilidad de ocupar provisionalmente parte de las instalaciones del ayuntamiento en el complejo educativo de Los Santos, aunque el edil considera inviable esta opción, toda vez que el consistorio solo dispone de un módulo disponible, en el que apenas podrían alojarse diez personas, además de existir numerosas barreras arquitectónicas.
Este asunto ya fue noticia hace unas semanas, cuando se dio a conocer que la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz había iniciado un expediente informativo a través a raíz de la denuncia presentada por el familiar de uno de los residentes.
La Residencia Nueva Aurora, cuenta con un máximo de 52 plazas, de las que actualmente están ocupadas algo más de 40. En el centro trabajan una veintena de empleados.
Vicente Dalda exige la dimisión de la delegada territorial de igualdad
A colación de los últimos datos que aconsejan el desalojo inmediato de las personas que conviven en la residencia, el concejal no adscrito Vicente Dalda ha denunciado "el trato inhumano que se da los residentes". También ha exigido "el realojo efectivo e inmediato" de los afectados.
Por su parte, también ha acusado de inmovilismo al Ayuntamiento de Lucena y a la Junta de Andalucía, por haber eludido el tema durante cerca de dos años. Tras el informe solicitado por Urbanismo, que demostró que la residencia no contaba con la documentación necesaria para el ejercicio de su actividad, Dalda agradece al Defensor del Pueblo por actuar de oficio y, en especial a la Adjunta a éste, Mª Juana Pérez Oier.
Con respecto a esto, también ha exigido la "inmediata dimisión" de Mª Ángeles Morales Luna, Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por su "ineficacia, dejadez y mirar para otro lado".
