La Inspección Provincial de Trabajo ha reclamado al Ayuntamiento de Lucena un total de 997.937 euros en concepto de diferencias de cotización social no ingresadas, según ha indicado el concejal de Recursos Humanos y portavoz municipal del PP, Francisco Javier Aguilar, que ha comparecido este jueves para informar de esta liquidación recibida en el ayuntamiento.
Esta liquidación, remitida al Consistorio en el mes de mayo, es el resultado de las diligencias abiertas en agosto de 2022 por la Inspección Provincial de Trabajo, un proceso en el que la Concejalía de Recursos Humanos ha participado desde su apertura con la presentación y envío de la documentación requerida por el organismo laboral.
Estas cuotas sociales no pagadas por el Ayuntamiento lucentino hacen referencia principalmente a los contratos laborales suscritos con cargo a los programas de empleo extraordinarios gestionados a nivel municipal en los últimos cuatro años (tiempo máximo de revisión, al considerarse lo anterior periodo prescrito), iniciativas como el Plan Aire, el Programa Emple@Joven o el Emplea @mprende+ financiados con fondos europeos de la Junta de Andalucía y del propio Ayuntamiento.
“Entiende la Inspección de Trabajo que se ha aplicado un trato desigual a estos trabajadores contratados temporalmente, a los que se les pagaba con un salario menor al recogido en el acuerdo marco del Ayuntamiento que actúa como convenio colectivo”, ha comentado Aguilar.
También ha avanzado que la cantidad que ahora se reclama al Ayuntamiento por cuotas sociales se sumarán también otras sentencias, algunas de ellas recurridas actualmente, tras las denuncias de los propios trabajadores, por lo que el equipo de gobierno ha pedido a los servicios jurídicos municipales y la empresa externa que defiende los intereses del ayuntamiento ante los tribunales, la elaboración de un dosier en el que se recojan todas los casos y sentencias contra el Ayuntamiento en esta materia, aventurando que la cantidad total a pagar será muy superior al millón de euros, "algo muy grave y a tener en cuenta".
Finalmente, Francisco Javier Aguilar ha lamentado en este tema “la falta de transparencia” y una “gestión irresponsable” porque ahora “los lucentinos van a tener que pagar lo que en su día no pagaron con el recargo correspondiente”. El responsable actual de Recursos Humanos ha recordado que no todos los ayuntamientos gestionaron los programas de empleo con el criterio utilizado en Lucena y que “incluso hubo ayuntamientos que suspendieron estos planes por lo que pudiera ocurrir después”.
El Ayuntamiento de Lucena dispone hasta el mes de octubre para analizar la liquidación recibida y estudiar la formulación de un posible recurso.
