El homenaje a Franco y Primo de Rivera que una quincena de personas protagonizaron ayer junto a la cruz de piedra emplazada a las puertas del cementerio municipal Virgen de Araceli, con motivo del aniversario de la muerte de ambos, vuelve a generar polémica y reacciones.
El portavoz del grupo municipal de IUCA, Miguel Villa, mostraba ayer su público rechazo a este celebración en las redes sociales y exigía al equipo de gobierno del ayuntamiento de Lucena que se prohibiese cualquier tipo de caravana o exaltación del régimen franquista, como la que en 2015 recorrió las calles de Lucena. Hoy Villa ha confirmado a este periódico que llevará al próximo pleno una pregunta sobre las razones por las que el ayuntamiento de nuestro ciudad no negó la autorización para esta actividad, si bien reconocía que desde el consistorio se adoptaron medidas de vigilancia sobre la misma. Además, Miguel Villa ha señalado que la diputada andaluza de IU por Córdoba, Elena Cortés, llevará el asunto al Parlamento para preguntar al gobierno socialista “por qué no se está cumpliendo la Ley andaluza de Memoria”.
Por su parte, la formación política 'Andalucía entre todos' ha presentado hoy ante el Juzgado de Instrucción de Córdoba una denuncia por el presunto incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica por parte de Fuerza Nueva Andalucía y del promotor del acto, su presidente, Juan León Cordón, tras realizar este homenaje al dictador "en una ciudad en la que el genocidio franquista dejó la segunda fosa en importancia de la provincia".
Miguel Villa indicaba hoy que resulta especialmente grave que ni la Subdelegación del Gobierno ni el gobierno municipal hayan prohibido un acto "que se celebraba a escasos metros del lugar donde un equipo de investigadores están buscando a un centenar de víctimas, hombres y mujeres asesinados por el régimen al que estos señores estaban ensalzando a las puertas del cementerio".
El 14 de noviembre pasado, presuntamente fuera de los plazos legalmente previstos para ello, Juan León Cordón, presidente de Fuerza Nueva de Andalucía, informaba por escrito a la Subdelegación del Gobierno en Córdoba de la celebración de esta concentración para realizar una ofrenda ante la cruz del cementerio de Lucena y una Misa posterior en la ermita de la Aurora. Tres días más tarde, la Subdelegación del Gobierno en Córdoba remitió la solicitud al Ayuntamiento de Lucena, otorgando al consistorio 24 horas para responder, anunciando que, de no hacerlo, se entendería que se otorgaba autorización para que se llevasen a cabo ambos actos.
Al no recibirse objeciones, la Subdelegación del Gobierno en Córdoba daba luz verde a la actividad. Tras la audición del Himno Nacional, y el rezo de una plegaria, se entonó “La muerte no es el final”. Luego se depositó una corona de laurel al pie de la Cruz, finalizando el acto con el canto del 'Cara al sol' y los gritos de ritual. Más tarde, en la ermita de la Aurora se celebró la Santa Misa para "conmemorar el aniversario de la muerte de Franco y el fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera”.
En declaraciones al diario digital Público, que hoy publica un amplio artículo sobre este asunto, el edil de Seguridad Ciudadana, Fran Adame, critica que en este tipo de casos "la Subdelegación se lava las manos" y afirma desconocer "si vulneran la Ley de Memoria Histórica" considerando que "quizá deberíamos dotarnos de una Ley de Memoria más amplia para evitar que estos homenajes franquistas puedan seguir celebrándose”.
Caravana franquista celebrada en 2015
Adame reconoce que ayer se extremaron las medidas para que el acto no derivase en una caravana como la que en 2015, tras un acto similar, recorrió las calles de Lucena, con megafonía, banderas preconstitucionales al aire y gritos de alabanza a Franco. Entonces, el grupo municipal de IU presentó una moción para llevar el tema ante la Fiscalía, que determinó archivar el caso, algo que quizá no ocurriría ahora, al amparo de la nueva Ley andaluza de Memoria Democrática, que condena cualquier acto de exaltación del franquismo. Así, el artículo 32.12 de dicha ley indica que" las administraciones públicas de Andalucía, en el marco de sus competencias, prevendrán y evitarán la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del golpe militar o del franquismo, u homenaje o concesión de distinciones a las personas físicas o jurídicas que apoyaron el golpe militar y la Dictadura”.
