La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía ha remitido al Gobierno central el reparto de los proyectos a cargo de los 51,7 millones de euros asignados a Andalucía por el Fondo Social. Esta cuantía tendrá como finalidad financiar las prestaciones básicas de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma, Diputaciones Provinciales y Corporaciones Locales, para hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas del COVID-19. Una vez remitidos los proyectos, el Gobierno tendrá que transferir los créditos, algo a lo que se ha comprometido a hacer entre el 10 y el 30 de abril.
Dicha distribución incluye un total de 29 millones de euros a las Corporaciones Locales, 22,1 millones euros a la propia Consejería y 2,5 millones de euros a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA).
Para Córdoba se destinarán 2.703.591,86 euros. El Ayuntamiento de Córdoba percibirá 1.124.631 euros, la Diputación 962.231 euros, Lucena 147.113, Cabra 70.236 euros, Priego de Córdoba 77.373 euros, Montilla 78.931, Baena 66.586 euros y Puente Genil 103.754 euros.
Estas cantidades se destinarán, según los criterios establecidos en el Fondo Social, para hacer frente al refuerzo de servicios de proximidad de carácter domiciliario, atender los servicios de rehabilitación, terapia ocupacional, servicios de higiene, y otros similares que se hayan podido ver suspendidos en los centros de día, compra de EPIs, y refuerzo de los servicios de respiro.
Igualmente, se destinarán a reforzar los dispositivos de atención a personas sin hogar, población en la que se dificulta la obligatoriedad del confinamiento decretado por el estado de alarma; a reforzar las plantillas de centros de Servicios Sociales y centros residenciales y a ampliar la dotación de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las familias.
Crédito para la comunidad autónoma
Con respecto al crédito que corresponde a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, un total de 4.602.800 euros se destinará para hacer frente al refuerzo de servicios de proximidad de carácter domiciliario y compra de Equipos de Protección Individual (EPIs), con la finalidad de atender las situaciones de emergencia social que se presenten ante la Comisión de Emergencia Social ya constituida; el servicio de comida a domicilio a los usuarios de Centros de Participación Activa que siendo titulares de la Tarjeta Sesenta y Cinco, en su modalidad oro (personas de extrema vulnerabilidad), han dejado de beneficiarse y tener el servicio por el cierre necesario de los propios centros; y para la compra de EPIs para centros de gestión directa.
Además, más de 8,1 millones de euros serán para reforzar las plantillas de centros residenciales de personas mayores, centros de personas con discapacidad y centros de protección de menores, titularidad de la Junta de Andalucía. También, más de 1,5 millones serán para ampliar la dotación de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las familias, que irá destinado al incrementar la partida destinada a las Corporaciones Locales para atender las Ayudas Económicas Familiares.
A su vez, un total de 2.780.400 euros se llevará a cabo para financiar otras medidas imprescindibles y urgentes para atender a personas especialmente vulnerables, que se resolverán a través de la Comisión de emergencia social, así como para coordinar las actuaciones en materia de voluntariado que se deriven de las ocho comisiones provinciales de emergencia social.
Por último, la ASSDA destinará 40.000 euros para hacer frente al refuerzo de servicios de proximidad de carácter domiciliario mediante la puesta en marcha de un sistema de seguimiento a las personas usuarias de centro de día que han visto suspendida su actividad para garantizar que están debidamente atendidos y la situación de cierre del centro no ha generado en el usuario una situación de desprotección o vulnerabilidad.
Así mismo, se diseñará una herramienta informática con el objetivo de detectar aquellas personas mayores que están sin ningún tipo de soporte social o familiar que permita atender sus necesidades en relación con la recogida de fármacos. Esto permitirá mediante un sistema de verificación identificar aquellas personas mayores que están recogiendo con retraso sus prescripciones de fármacos, comprobando su situación social y sanitaria.
Además, dedicará un total de 956.729 euros para incrementar y reforzar el funcionamiento de los dispositivos de teleasistencia domiciliaria de manera que permita aumentar el ritmo de contactos de verificación y la vigilancia de la población beneficiaria de dicho servicio.
También dedicará 1.560.000 euros para financiar otras medidas imprescindibles y urgentes para atender a personas especialmente vulnerables, residentes en Comunidades Terapéuticas, así como para la cofinanciación del sobrecoste asumido por la ASSDA en la financiación del coste del servicio de los Centros de Día garantizado a las entidades prestadoras que han visto suspendida su actividad.
Con las actuaciones definidas, se pretende hacer frente a las situaciones de desprotección y extrema vulnerabilidad provocadas por la emergencia sanitaria actual y que precisan de un abordaje urgente, donde los poderes públicos deben desplegar toda su capacidad, creando dispositivos y recursos necesarios para enfrentarse a la nueva realidad social que se presenta.
