La Secretaría General de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía ha resuelto sancionar con 90.001 euros a la Asociación Nueva Aurora de Lucena como titular de la residencia de mayores homónima por la supuesta comisión de una infracción “muy grave", por no contar con autorización administrativa de funcionamiento –situación que no es exclusiva de este centro asistencial.
Así lo determina la resolución de la Junta con la que culmina el expediente sancionador que abrió el pasado mayo la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta en Córdoba contra la mencionada residencia privada.
De igual modo, la resolución de la Administración autonómica –contra la que ha sido presentado recurso de alzada por la asociación lucentina– prevé "la suspensión temporal de la actividad" de la residencia, "por un máximo de cinco años, siempre que durante dicho periodo sean subsanadas las deficiencias detectadas o, en caso contrario la clausura del servicio".
El informe resultante de la "actuación inspectora" llevada a cabo en esta residencia asegura que esta garantiza "el bienestar de las personas", por lo que la sanción es meramente administrativa. Es más, en opinión de los inspectores de la Junta las condiciones en que se encuentran sus residentes son dignas “más allá de las deficiencias materiales" que afectan al edificio, plasmadas en un informe municipal, que "suponen el incumplimiento de la normativa, motivo por el que no se le ha otorgado la correspondiente autorización administrativa".
"En cuanto a la salud –prosigue el informe–, no solo no se pone en riesgo, sino que los residentes se encuentran en todo momento bajo el control del Servicio Público de Salud, además de recibir atención en la residencia".
La resolución de este expediente sancionador se produce después de que el pasado abril la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Lucena aprobase la cesión de espacios en el Complejo Educativo de Los Santos a la Residencia Nueva Aurora. Se pretendía que este colectivo pudiese trasladar a dicho recinto su actividad mientras acomete la reforma del edificio actual de la calle Ancha para adaptarse a la normativa. Sin embargo la cesión no ha podido consumarse por el momento pese a la voluntad de la asociación, que llegó a presentar proyecto de adecuación de las instalaciones obteniendo el visto bueno de Ayuntamiento y Consejería, toda vez que el expediente de declaración de la misma "de interés público" –necesario para consolidar la cesión– quedó paralizado por un recurso interpuesto por el edil independiente Vicente Dalda, que consideraba que el consistorio lucentino no es competente para otorgar este tipo de declaraciones.
El gobierno local adoptó este acuerdo después de que, vía decreto, Urbanismo ordenase a Nueva Aurora el "realojo de los residentes" en otro inmueble. Precisamente, Nueva Aurora tiene presentado recurso de reposición contra este decreto municipal desde el 9 de julio pasado, al considerar que el Ayuntamiento "no es competente" para ordenar el cese de la actividad. A este recurso siguió el pasado 3 de diciembre una nueva solicitud de "suspensión de las órdenes de cese y realojo de los residentes" y "archivo del expediente", situación que, de producirse, permitiría reconducir la actividad. En este sentido y ante estas dificultades, Nueva Aurora tiene muy avanzadas desde hace unas semanas las negociaciones para propiciar el traslado de su actividad a un nuevo edificio.
El concejal de Urbanismo, José Cantizani, ha evitado comentar este nuevo giro en la situación de la residencia Nueva Aurora, indicando a este medio que "se trata de un tema de la Junta de Andalucía con una asociación, que no compete al ayuntamiento". Cantizani manifestó que los servicios jurídicos municipales están "estudiando" el recurso presentado por Nueva Aurora.
