No hay marcha atrás. El plazo acaba el 3 de diciembre y un día más tarde entrará en vigor el Real Decreto 1/2013, en el que se recoge la obligatoriedad de eliminar las barreras arquitectónicas en espacios y establecimientos públicos antes de esta fecha.
A partir del próximo lunes todos aquellos comercios, restaurantes o locales que no hayan procedido a la adaptación de sus accesos a personas con discapacidad empezarán a recibir la visita de personal municipal, que "primero realizará un requerimiento oficial y posteriormente podrá decretar multas coercitivas, dictar órdenes de ejecución e incluso revocar la licencia de apertura de aquellos establecimientos comerciales que desobedezcan la ley", según explicó el concejal de Obras y Urbanismo, José Cantizani en el pleno municipal celebrado ayer.
Fue hace más de un año cuando Cantizani, junto al presidente de la Asociación de Minusválidos Frasquito Espada (AMFE), Juan de Dios Vallecillo –en la foto– anunciaron estas medidas y avisaron de las consecuencias. Ahora el tiempo se ha agotado: "Es improrrogable", indicaba ayer Cantizani, que esta semana se trasladaba a Madrid para asistir a unas jornadas sobre la aplicación de esta ley. "La norma va en serio y los comerciantes deben tomarla en serio", apostillaba el edil lucentino a preguntas del PP.
Y es que se trata de una normativa de carácter general, a nivel nacional, y es competencia de los ayuntamientos vigilar su cumplimiento. La ley dice que antes del 4 de diciembre de 2017 todos los establecimientos deberán ser totalmente accesibles, tanto exterior como interiormente. Solo una pequeña parte podrán evitar las obras, si se dan algunas circunstancias muy concretas. Para la mayoría, si hay escalones habrá que quitarlos, si no hay espacio para un baño adaptado habrá que unificar el de caballeros y señoras y hacerlo unisex y si el inicio de la rampa tiene más de cinco centímetros sobre la cota del suelo o un desnivel superior al 12% habrá que rebajarla, siempre sin ocupar la vía pública.
Durante los últimos meses son muchos los establecimientos que han asumido este deber, pero también son bastantes los que han obviado esta obligación. Basta dar un paseo por algunas calles comerciales para darse cuenta de ello.
El Ayuntamiento incluso dispuso una línea de ayudas para financiar posibles intereses derivados de la petición de préstamos para acometer las obras, que según indicaba Cantizani a este periódico la pasada semana, ha sido muy poco utilizada, "porque en la mayoría de los casos se trata de actuaciones de pequeño calado.
¿Y el ayuntamiento?. Pues también viene obligado por la misma ley. Ayer Cantizani reconocía que "queda mucho por hacer", aunque también evidenciaba que se ha andado mucho camino y se ha actuado sobre numerosas calles y edificios municipales, el último de ellos el Pabellón Cubierto, donde se está instalando un ascensor.
José Cantizani explicaba que el ayuntamiento de Lucena incluso ha sido públicamente felicitado por colectivos como Cota 0, y reconocía que la normativa se está cumpliendo mejor en aquellas ciudades en las que existen colectivos en defensa de las personas con discapacidad, como ocurre en nuestra localidad. "En otros muchos no se ha hecho nada", aseguraba Cantizani.
Para el lunes apuntamos una primera visita para los técnicos municipales: el Palacio de Justicia de la calle San Pedro.
