Partido Popular, Ciudadanos e Izquierda Unida han aprobado esta tarde en el pleno las conclusiones de la Comisión Especial de Investigación que durante los últimos meses ha intentado arrojar luz sobre presuntas irregularidades en la contratación de las actuaciones musicales de la Feria del Valle del pasado año 2017, derivadas de la posibilidad de que el Ayuntamiento hubiese podido incurrir en un fraccionamiento de contrato mayor para favorecer la adjudicación de los espectáculos contratados en la pasada Feria del Valle con una empresa determinada, evitando la licitación pública y libre concurrencia de empresas al proceso de contratación.
El informe elevado al pleno por la comisión –sobre el que se abstuvo el edil independiente Vicente Dalda y en contra el PSOE– considera probado que la fase de preparación del contrato, con la solicitud de tres presupuestos a tres empresas diferentes, "pudo ser una mera ficción y simulación de concurrencia para cumplir los requisitos impuestos por las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal, ya que desde el mes de noviembre o diciembre tenían “apalabrados” los grupos que se iban a contratar", según expuso el presidente de la comisión, Francisco Aguilar.
Asimismo, se asegura que se formalizaron tres contratos menores fraccionando así la verdadera naturaleza de la contratación, dado que el objeto de la contratación era único y el importe superaba los 18.000 euros y que en ningún caso se actuó, ni por error, bajo las prescripciones de lo previsto en el art. 170 d) del TRLCSP.
Del mismo modo se considera que la posible finalidad de este proceder pudo ser "la de beneficiar a una determinada empresa, Mundo Music 2002 S.L., cuyos administradores están vinculados por lazos familiares con los representantes de las otras dos empresas a las que se les solicitó presupuesto, garantizando así que ninguna ofertara más barato, representada y administrada por la madre de Don Pablo Lozano Dueñas, persona relacionada con el PSOE cordobés".
Para los grupos de la oposición la concejal de Fiestas, María del Mar Morales, “fue consciente en todo momento de que actuaba indebidamente”, por lo que se declara “su responsabilidad política en los hechos”.
Del mismo modo, se considera que el Alcalde de Lucena, Juan Pérez, habría intentado “dar cobertura jurídica para evitar la responsabilidad política a la Sra. Morales, utilizando la hipotética subsanación del vicio insubsanable de un procedimiento de contratación inexistente amparándose en un informe jurídico.
Por todo ello se proponían al pleno la solicitud de dimisión de la edil de Fiestas, o el cese de la misma por el alcalde si está no presentase su dimisión, así como la consideración de ambos como responsables políticos de la utilización indebida de la autoridad y su consiguiente reprobación por su responsabilidad política compartida en los hechos.
Además, se indica que “a la vista de que se han apreciado indicios de irregularidades y tramitándose Diligencias Previas por los mismos hechos ante el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Lucena, se confiera traslado al mismo del presente dictamen una vez sea aprobado por el Pleno" y se pide que se elabore un protocolo para la realización de este tipo de contratos.
RESPUESTA DEL EQUIPO DE GOBIERNO
El regidor lucentino, Juan Pérez, manifestó al respecto que “los grupos de la oposición intentan salvar con este dictamen una situación que se les ha ido de las manos. Pretenden ejercer sentencia y veredicto paralelo, asumiendo un poder judicial que esta administración no posee”.
Según Pérez “ sus conclusiones se contraponen con las declaraciones de las personas que han intervenido en la comisión, que ni siquiera figuran en las actas. La propuesta de conclusiones que traen a Pleno no es cierta e incluye algunos argumentos que podrían entenderse como calumniosos” y “pretenden crear una estrategia de difamación mediante un espectáculo esperpéntico con discursos cargados de ambigüedades, inconsistencias y vagas suposiciones”
Por su parte, el portavoz socialista, Manuel Lara, incluso llegó a "advertir" a los grupos de la oposición que algunas de las afirmaciones contenidas en las conclusiones "podrían suponer un posible delito de calumnias" así como la posibilidad de que el equipo de gobierno pudiese poner dichos hechos en manos de la justicia. Para Lara el resultado de la comisión es una "pantomima basada en apreciaciones subjetivas, y lo que es peor, con el único fin de hacer daño personal a nuestra compañera", Añadió Lara que los grupos proponentes no han querido incluir en sus conclusiones las apreciaciones de los funcionarios a los que se ha preguntado y que "han dicho que no hubo fraccionamiento, como también el segundo informe solicitado al Vicesecretario municipal concluye que no hay responsabilidad política, y la Interventora municipal indicó que "nadie la ha convendcido de que el procedimiento seguido estuviese mal hecho". Lara concluyó señalando que "quizá sean ustedes los que deban pedir perdón" al final de este "juicio torpe y sucio, que revela la existencia de una oposición sin norte".
