En Lucena existían a finales de 2017 unas setenta viviendas ilegalmente, cantidad que se ha incrementado a lo largo del año hasta superar el centenar, según se desprende de los datos incluidos en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Lucena, recientemente aprobado por el pleno del consistorio lucentino.
La mayor parte de estos pisos “okupas” corresponden a edificios terminados desde hace algunos años y que, como consecuencia de la crisis inmobiliaria, no encontraron salida en el mercado, pasando a manos de los bancos que financiaron a las promotoras que los construyeron. Núcleos de este tipo se pueden encontrar en las calles Pedro Izquierdo, con una promoción de 13 viviendas ocupadas, Huertas, con 11 pisos o Catalina Marín, con otros 6, todas ellas en zonas del centro urbano. El resto se distribuyen de forma desordenada por distintos puntos del casco urbano, especialmente en la zona oeste del municipio.
Los redactores del plan consideran que que es necesario plantear medidas de control y hacer un seguimiento de los pisos ocupados ilegalmente “que suponen en la localidad un número importante, generando por un lado un efecto llamada y poniendo en peligro a las personas por el uso inadecuado de las instalaciones en las viviendas”.
El plan, basado en los datos aportados por los Servicios Sociales Municipales y entidades como los juzgados, Suvilusa, Policía Local, Cruz Roja o Lucena Acoge, se refiere explícitamente a los distintos incendios que se han venido produciendo a lo largo de los últimos meses en algunas de estas promociones ocupadas, principalmente como consecuencia de la manipulación ilegal de las redes de suministros básicos como fluido eléctrico o agua, para realizar enganches. A ello se suman las molestias que suponen para el vecindario, generando problemas de convivencia y frecuentes riñas, que son atendidas por los efectivos policiales locales, como ocurrió la pasada semana en un bloque “okupa” de la calle Catalina Marín.
En relación con esta problemática, el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, propone la adopción de medidas tendentes a la eliminación de estos núcleos de vivienda ocupada tras la realización de un estudio para analizar el problema de forma cualitativa (causas, origen de los ocupantes, localización, etc.), estudio que el documento municipal valora en unos 17.000 euros.
Entre las medidas a adoptar se propone la invitación a las entidades bancarias propietarias a revertir la situación de estos inmuebles vacíos, incrementando el cupo de viviendas que destinan al alquiler social. Asimismo se señala la necesidad de adaptar y adecuar algún edificio de titularidad municipal como albergue de acogida o el apoyo a colectivos como “Lucena Acoge”, que ofrece alojamiento a inmigrantes y personas refugiadas.
