El PP ha pedido hoy al alcalde de Lucena, Juan Pérez, que repruebe la actuación de la concejal de Personal y Servicios Sociales, Teresa Alonso, y la sustituya en sus responsabilidades municipales mediante una remodelación de su equipo de gobierno. La petición de los populares responde a una supuesta "nueva irregularidad" en un proceso de contratación de una empresa, en este caso la encargada de la Seguridad Privada en las dependencias de los Servicios Sociales Municipales.
El portavoz popular, Paco Huertas, y el concejal de esta formación política, Francis Aguilar, han calificado como "nueva metedura de pata" y "negligencia" la adjudicación de un contrato de vigilancia en un precio de 12,50 euros por hora de servicio para una actividad que tiene fijado normativamente mediante convenio un precio mínimo de 12,37 euros/hora. Según han explicado los populares, de resultas de este contrato y teniendo en cuenta la duración del mismo –siete meses– la empresa ganaría en este periodo de 96 euros, todo ello sin tener en cuenta vacaciones, posibles bajas, gastos adminitrativos y cualquier otro derivado de la prestación del servicio, lo que a juicio del PP convierten este contrato en inviable desde un punto de vista económico, salvo que se pretenda "sacrificar los salarios de los trabajadores" y dar por hecho que los mismos cobrarán por debajo de lo estipulado en el convenio y que dicho perjuicio constituirá el beneficio de la empresa.
Los populares han recordado que ya ocurrió esto en el Patronato Deportivo, donde un contrato similar se adjudicó en 2014 en ese mismo importe –12,50 euros/hora– dando lugar a una reclamación por parte de los dos trabajadores de la empresa, que han exigido judicialmente a la empresa contratada más de 10.000 euros, demanda que se encuentra pendiente de sentencia. Del mismo modo Francis Aguilar ha puesto de manifiesto que este mismo servicio se licitó este año en el PDM en un precio de 17 euros/hora, siendo adjudicado en 15,89 euros/hora de servicio prestado, casi 3,5 euros/hora más que en el contrato de vigilancia de las dependencias de Servicios Sociales.
Considera el PP que Teresa Alonso "o vive de espaldas a la realidad, o no sabe o no tiene capacidad para desarrollar este cometido" y recuerdan los problemas derivados del contrato del servicio de ayuda a domicilio o el despido improcedente de un trabajador, al que desde Personal se daba por hecho que solo habría que indemnizar en unos 10.000 euros, fijándose judicialmente el despido en 24.000 euros con el consiguiente perjuicio para las arcas municipales. Por todo ello piden al alcalde que "remodele" su equipo de gobierno y exima a Alonso de estas responsabilidades, advirtiendo que presentarán un escrito exigiendo la revocación de este contrato en el que, a su juicio, "queda claro que desde el minuto 0 los trabajadores van a cobrar por debajo de lo estipulado legalmente".
Los populares han recordado que actualmente hay ocho expedientes abiertos de los que esta formación esperan respuesta municipal.
