El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Priego, a través de la Delegación de Patrimonio Histórico, ha solicitado a sus servicios jurídicos un informe jurídico acerca de la posibilidad y viabilidad jurídica de proceder a la impugnación de los actos de inmatriculación de un conjunto de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica y, en su caso, declarar su naturaleza demanial o pública, sin que ello implique cuestionar su uso religioso.
Dicha iniciativa tiene su origen en tres mociones presentadas y aprobadas en 2015 y a las que se pretende dar cumplimiento. Del estudio de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, fundamentalmente por el Obispado de Córdoba, el Ayuntamiento dispone de una lista de 25 bienes repartidos en Priego y aldeas e inmatriculados entre 2006 y 2016.
Dichas inscripciones se han podido llevar a cabo conforme a normas afectas de inconstitucionalidad sobrevenida y declaradas nulas por el Tribunal europeo de los Derechos Humanos. El Obispado –sin aportar título de dominio y por una certificación que no equivale a título alguno, según el ayuntamiento prieguense– ha podido fabricar una presunción que no tenía entendiendo que desde la entrada en vigor de la Constitución Española, ni la Iglesia Católica es administración pública ni sus diocesanos son funcionarios públicos.
Para el concejal de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento, David López, “esta medida pretende defender los intereses de los vecinos y vecinas de nuestra localidad así como arrojar luz acerca de la legitima propiedad de bienes del patrimonio histórico prieguense”.
