La Junta de Andalucía ha invertido 811.562,38 euros en obras de mantenimiento y conservación del parque público de viviendas en la provincia de Córdoba. La Agencia de Rehabilitación y Vivienda de Andalucía ha realizado en estos dos años de Gobierno de Juanma Moreno 397 actuaciones en 24 municipios que benefician a 3409 viviendas.
Así, en el pasado año se realizaron 181 actuaciones en la provincia con un importe de 246.140,76 euros en 15 municipios que ha beneficiado a 1582 viviendas. Entre ellos, Lucena tuvo 10 actuaciones; Cabra, 9; Priego de Córdoba, 6; y Benamejí, 3.
En el año 2019 se realizaron 214 actuaciones en 22 municipios con una inversión de 365.826,69 euros. En concreto, se llevaron a cabo 11 actuaciones en Lucena; 7 en Benamejí; 6 en Cabra; 4 en Priego de Córdoba; y una tanto en Carcabuey como en Rute.
En 2019 se ejecutaron igualmente dos actuaciones de conservación y mantenimiento por importe de 151.594,93 euros en Lucena y Cabra con lo que la inversión total asciende a 517.421,62 euros.
Así lo ha hecho saber la delegada de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Cristina Casanueva, quien ha señalado que estas actuaciones son “esenciales para la salubridad, seguridad y habitabilidad de los vecinos”.
Objetivos de las actuaciones
Como ha informado la delegada, las obras realizadas durante estos dos años han sido intervenciones menores de reparación, mantenimiento y conservación, “previstas en la planificación anual de AVRA para atender necesidades en las zonas comunes de los edificios de viviendas, y otras incidencias sobrevenidas, tanto en viviendas como en espacios e instalaciones comunes, tales como atascos en saneamientos, pequeñas roturas o averías o adecuaciones de viviendas recuperadas”.
Casanueva ha explicado que “buena parte de las actuaciones han sido en viviendas cuya posesión ha recuperado AVRA, bien tras la renuncia voluntaria de sus anteriores adjudicatarios u ocupantes, o mediante la ejecución de autos judiciales después de tramitar expedientes de desahucio por malos usos de dichas viviendas, por ocupaciones ilegales o por no ser utilizadas como domicilio habitual y permanente por sus adjudicatarios, a lo que les obligan los contratos de arrendamiento”.
Una vez recuperadas y adecuadas para ser nuevamente habitadas, estas viviendas se ponen a disposición de los registros municipales de vivienda protegida de cada municipio, para designar a las familias que serán las nuevas adjudicatarias.
