El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lucena ha acordado archivar la causa contra el ex teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Benamejí, Francisco Hoyos (PSOE), y el tesorero del Consistorio, que han sido investigados por la supuesta comisión de un delito de malversación por el cobro de dietas sin justificar, mientras que sigue abierta contra el exalcalde José Ropero, tras casi cinco años de instrucción.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y ha adelantado 'El Día de Córdoba', destacando que el juez ha optado por no seguir adelante con este procedimiento al concluir que "no existen indicios de la comisión de delito".
En este sentido, la Fiscalía pidió imputar en verano de 2013 "a todos los beneficiarios" que cobraron las dietas irregulares en el Ayuntamiento benamejicense, una circunstancia que implicaría a casi 40 personas, aunque todas estas imputaciones nunca llegaron a concretarse.
En concreto, la denuncia en el plano político del cobro irregular de dietas partió del grupo de IU, que localizó una serie de errores en los formularios que se utilizaban para esos fines, mientras que el PA llevó el caso a la Fiscalía.
Ante esta situación, se puso en marcha una comisión de seguimiento sobre las dietas irregulares, que estudió el periodo comprendido entre 2002 y 2012. En total, se detectaron 74.084 euros pagados de manera presuntamente irregular por parte de técnicos y políticos.
No obstante, según se dijo en su momento, el 95% de esos 74.000 euros afectaban a sólo dos personas: el alcalde, José Ropero, y el citado concejal de Urbanismo, que ya está libre de toda sospecha.
UN ASUNTO DE "GRAVEDAD"
En el caso de Ropero, se trata del 52% de todas las dietas que cobró en los once ejercicios investigados, mientras que Hoyos devolvió el 100% de lo cobrado, algo más de 20.000 euros, pues la comisión determinó que al tratarse de un concejal con dedicación exclusiva no tenía derecho a la percepción de ese dinero extra.
Como se recordará, José Ropero dimitió en enero de 2014 y ante el Pleno lo consideró un asunto de "gravedad", porque compromete dinero público, si bien insistió en que se trataba de un "error". Además, resaltó que "se ha corregido" ya por los cerca de 40 cargos públicos y funcionarios del Consistorio implicados, "sin excepción".
