Indignación y máxima preocupación entre el vecindario de la calle Mediabarba por el creciente fenómeno "okupa" en esta zona de la ciudad. A la existencia de un edificio ocupado en su totalidad, propiedad de un banco, se han sumado en las últimas semanas otras viviendas y los vecinos temen que se esté produciendo un "efecto llamada", ya que la inmensa mayoría de los ocupantes son de nacionalidad rumana.
Además, los nuevos inquilinos ya no se limitan a la ocupación de edificios vacíos sino también de pisos en comunidades vecinales, lo que dificulta aún más la convivencia. Así varios afectados de esta calle han indicado a este periódico que "entran en las casas para robar aprovechando que salimos para cualquier gestión, para hacer compras, para ir al médico..." e incluso hay algunos que ya han optado por dejar sus viviendas y alquilar en otras zonas de la ciudad.
Además, algunas empresas se están viendo afectadas por cortes de luz y agua, producidos cuando los "okupas" intentan "engancharse a la red pública, con los consiguientes perjuicios económicos.
Para muchos de estos vecinos, la forma de actuar de algunos de los nuevos ocupantes "tiene más que ver con la de unos delincuentes que con la de personas que necesitan un techo".
El alcalde, Juan Pérez, ha señalado a los medios de comunicación que "comparte esta preocupación de los vecinos" y ha destacado la "extrema dificultad" que supone luchar contra este tipo de situaciones. El regidor lucentino ha indicado que se reunirá con la policía, el juzgado y los servicios sociales municipales, aunque apuntaba que la medida más inmediata deben adoptarla los propietarios de los inmuebles ocupados denunciando los hechos ante la Policía Nacional para que llegue al juzgado y se puede poner en marcha el procedimiento.
La situación no es exclusiva de la calle Mediabarba, y afecta por igual a inmuebles en la calle Pedro Izquierdo y en otras zonas de la ciudad sin que por el momento parezca posible atajarla. Según un estudio municipal, en estos momentos hay en Lucena en torno a un centenar de viviendas ocupadas, algunas de ellas municipales, como reconocía hoy el propio alcalde, Juan Pérez, en relación al piso con el que contaba el consistorio para mujeres víctimas de malos tratos.
